La Seguridad Privada se entiende como el conjunto de acciones realizadas por personas u organismos que tienen por objeto la protección de personas o bienes propios o entregados en custodia, dentro del ámbito de su quehacer. También se hallan dentro de este campo las actividades de vigilancia, supervisión, capacitación y/o comercialización, siempre adecuándose a la normativa que regula esta materia.

Mediante la Orden General Digcar Nº 1.609, del 29 de noviembre de 2004, el Departamento OS.10 fue elevado de categoría, creándose la Subdirección de Seguridad Privada, encargada de dirigir permanentemente las labores de seguridad y vigilancia privada que ejecutan los particulares, orientándolas y controlándolas, con el fin de hacerlas útiles a las acciones de Seguridad Pública que realiza la institución.

Los cuerpos legales que hasta ahora rigen esta actividad, corresponden a la Ley Nº 19.303; el Decreto Ley Nº 3.607; los Decretos Supremos Nº 93, 1.122, 1.772 y 1.773, y los Decretos Nº 41 y Decreto Exento Nº 1.226. Al respecto, es la Ley Nº 19.329 la que entrega a Carabineros la tarea de controlar y fiscalizar la Seguridad Privada.

La Subdirección de Seguridad Privada depende de la Dirección Nacional de Seguridad y Orden Público, estando organizada sobre la base de 34 autoridades fiscalizadoras, que funcionan en las Prefecturas de todo el país. En cada Prefectura existe una Oficina de Seguridad Privada (O.S.10), que está encargada de tramitar la documentación para las acreditaciones y de efectuar controles específicos de fiscalizaciones en terreno a las entidades donde se desempeñan guardias o vigilantes, verificando que se encuentren debidamente autorizados y capacitados.

Los vigilantes, además, deben demostrar el re-entrenamiento respectivo, la correcta inscripción de las armas y el cumplimiento de los protocolos señalados en la normativa legal.